EDITORIAL
JESÚS CANTÚ
dom 15 abr 2018, 10:27am 5 de 6

Crece la desconfianza en las autoridades electorales


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La reciente resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de otorgar el registro al candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", al margen de que cumpliera o no con el requisito del número y la dispersión de las firmas requeridas, asesta otro duro golpe a la confianza ciudadana en las autoridades electorales.

Las razones de esta nueva pérdida de confianza tienen que ver con varios aspectos: primero, porque el Tribunal nuevamente recurre a una formalidad para justificar su decisión; segundo, porque nuevamente opta por una resolución que beneficia claramente (de acuerdo a la percepción ciudadana y a la intención de los operadores políticos) a la coalición que encabeza el partido en el gobierno; y porque evidencia nuevamente las enormes diferencias que existen entre los criterios de interpretación entre las dos principales autoridades electorales: Instituto Nacional Electoral y Sala Superior del TEPJF.

Las autoridades electorales mexicanas alcanzaron su máximo nivel de confianza ciudadana después de las elecciones del año 2000, precisamente cuando se logró la primera alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, y desde luego en gran medida impulsados por el resultado electoral. Sin embargo, había logrado niveles aceptables antes de todas las últimas elecciones presidenciales, lo que era fundamental tanto para incentivar la participación ciudadana, como para atemperar los posibles conflictos postelectorales.

Previo a las elecciones del año 2000, el entonces Instituto Federal Electoral había organizado las elecciones intermedias de 1997, en la que por primera vez el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y eso impulsó la confianza y credibilidad en la autoridad electoral. En el caso de las siguiente elección presidencial, la conflictiva del 2006, fue la primera elección que organizó el segundo Consejo del IFE y a pesar de la disputada selección de los nuevos integrantes del Consejo General, todavía se mantenía la confianza en la autoridad electoral. Y, finalmente, en la del 2012, la autoridad electoral emanada de la reforma electoral del 2007-2008, había organizado con suficiente éxito la elección intermedia del 2009 y eso le ayudó a recuperar parte de la credibilidad.

De acuerdo a los datos que proporciona Alejandro Moreno, en un artículo publicado en el diario El Financiero en la edición del 16 de febrero de este año: "en diciembre del 2005, las encuestas señalaban que 70 por ciento de los mexicanos confiaba mucho o algo en el IFE". De acuerdo a la misma fuente la confianza en el Tribunal era de 56%. En una encuesta publicada en el mismo diario el 6 de febrero pasado, la confianza en las mismas instituciones ya es de 44 y 40%, es decir, menos de la mitad de la población confía mucho o algo en las autoridades electorales.

Mientras tanto, Consulta Mitofsky en su encuesta levantada en octubre del año pasado, sobre la confianza en las instituciones, muestra que en mientras en octubre de 2005 la ciudadanía le otorgaba una calificación de 7.1 puntos al entonces IFE en octubre del 2017, le otorga 5.7, es decir, ya una calificación reprobatoria. Y si la referencia es la Latinobarómetro, organización de la sociedad civil latinoamericana con sede en Chile que realiza encuestas de cultura ciudadana en los 17 países, el 33% de los mexicanos confiaban en las autoridades electorales, en la encuesta levantada en el verano del año pasado.

Para ponerlo en términos muy llanos, desde que se instaló la democracia electoral en México en 1997, no había habido una elección presidencial en la que la confianza en las autoridades mexicanas fuese tan baja como en estos momentos.

Y las razones son muy evidentes: la tolerancia que las autoridades electorales administrativas tuvieron con las ilegalidades que las distintas fuerzas políticas, pero particularmente el partido en el gobierno, cometieron en las pasadas elecciones estatales del Estado de México y Coahuila; los críticos errores operativos que las autoridades electorales administrativas cometieron en la organización de las elecciones de Coahuila; y la convalidación de las múltiples ilegalidades que particularmente el candidato de la coalición ganadora cometió en Coahuila, por parte del Tribunal, para preservar su triunfo.

Con estos precedentes, la resolución de la semana pasada a favor de Rodríguez Calderón es nada más una reiteración de que la máxima autoridad en materia electoral está dispuesta en llegar incluso a la ignominia, con tal de convalidar la estrategia oficial para intentar mantenerse en el poder, ahora sí que a través de todas las vías legales e ilegales (aunque convalidadas por la Sala Superior del Tribunal) que tengan a su disposición.

Mientras tanto, las principales encuestas de encuestas (Bloomberg, El País, gpppolls y Oraculus) muestran que López Obrador encabeza las preferencias electorales con entre el 40 y el 47% de las respuestas; seguido de Ricardo Anaya, con un rango entre 26 y 33%; y, en tercer lugar, José Antonio Meade, entre 20 y 25%. Y aunque todavía faltan dos meses y medio de campaña, no se ve cómo Meade pueda remontar dicha diferencia. A pesar de ello se atreven a comprar a casas encuestadoras para que divulguen supuestos estudios en los que Meade aparece en segundo lugar e incluso con diferencias de un dígito respecto al puntero.

La resolución de la Sala Superior, la compra masiva de votos que están implementado y las encuestas manipuladas son otra muestra más de que lo único que puede detenerlos es una votación masiva adversa, que literalmente deje sin oportunidad a la Sala Superior del Tribunal de revertirlo.

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