EDITORIAL
EL AGENTE 007
mié 11 jul 2018, 7:08am 3 de 9

Verdades y rumores

(EL SIGLO DE TORREÓN)

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La sesión de ayer de la Diputación Permanente del Congreso coahuilense dejó claras dos cosas. La primera, que los legisladores blanquizules han decidido no dar tregua al gobierno provincial de Miguel Riquelme y al tricolor, con todo y que el proceso electoral ya ha terminado. Como se sabe, los comicios siempre son el momento perfecto para que los partidos se den hasta con la cubeta con el objetivo de enlodar el uniforme del equipo contrario, y una vez que pasa la jornada, las aguas se calman. Pues parece que este no es el caso y los panistas se lanzaron con todo ayer en la tribuna con cuatro dardos que los priistas bloquearon o evadieron. Uno de ellos tiene que ver con la falta de contralores en varios organismos autónomos del Estado, incumplimiento que impide que el Sistema Estatal Anticorrupción funcione como debe ser. Otro fue en el sentido de que se aclaren las travesuras que los encargados del Registro Público de la Propiedad.

Anduvieron haciendo durante la pasada administración provincial con la consecuente afectación a los usuarios que muchos de ellos vieron sus trámites atorados o documentos perdidos ya que no quisieron aportar el “aceite” para que la maquinaria burocrática funcionara. Al final quedó un rezago administrativo que nadie quiso reconocer y que ahora el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, pretende acabar contratando a una empresa para que se haga cargo del entuerto, pero hasta ahora no se han dado los detalles sobre la encomienda y, sobre todo, el costo para el erario. Un asunto más tiene que ver con el fallo que la Tremenda Corte dio a favor de los profes de la entidad que se liaron contra la reforma de la Ley de Servicio Médico Docente y que deberá ser modificada porque los magistrados estuvieron de acuerdo en que está muy mal eso de andar cobrando por un servicio que se supone gratuito, y que es como quedó tras los cambios propuestos por el exgober Rubén Moreira, virtual diputado federal pluri. Pero los diputados priistas no estuvieron de acuerdo en hacer los cambios cuanto antes, a pesar de la exigencia de los profes. Y por último los panistas se arrojaron contra la UAdeC y el gobierno provincial por la deuda de varios millones de pesillos que la Máxima Casa de Grillos -perdón, de Estudios- mantiene con el Simas Torreón desde hace varios años. Por lo visto, los blanquiazules andaban filosos ayer.

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La otra cosa que quedó clara en la sesión de la Diputación Permanente es que la mayoría histórica de la oposición en el Congreso de Coahuila ya ha quedado diluida. Y es que ayer fue más que evidente que los legisladores del PRI cuentan con el apoyo de varios curulecos de otros partidos con los cuales pueden mayoritear y bloquear todas las iniciativas del blanquiazul. Los diputados que han asumido una postura afín al proceder del tricolor en la cámara son Claudia Ramírez, del PRD; Elisa Villalobos, de Morena, y Édgar Sánchez, de la UDC. De este último llama más la atención su postura debido a que su partido fue en coalición con el PAN en la elección de 2017. Con este reagrupamiento de fuerzas en el Congreso, difícil será que los panistas se conviertan en un contrapeso de consideración, sobre todo ahora que el blanquiazul está tan alicaído por la estrepitosa derrota del pasado 1 de julio en la elección federal.

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Y ya que hablamos de la jornada triste para el PRI y el PAN del domingo antepasado, dicen que a varios panistas, entre ellos algunos funcionarios y futuros funcionarios municipales de Torreón, no les pudo mucho la derrota de su candidato a la presidencia de la República y al día siguiente ya estaban volando a la Madre Rusia para no perderse los detalles de la recta final del Mundial de Futbol. Uno de ellos es Alberto Rosales Arcaute, regidor electo al que le invadió la fiebre pambolera a tal grado que ni siquiera fue a recoger su constancia de mayoría a las oficinas municipales del IEC. El otro es Rogelio Cuéllar, director de Desarrollo Clientelar -perdón, Social-, de quien se dice que solicitó un permiso para después de la jornada electoral, no obstante que se supone que todos los programas asistenciales suspendidos por las campañas debieron reactivarse ya, a menos de que en seis meses de administración el ayuntamiento haya acabado con la pobreza en el municipio y ya no exista gente esperando la ayuda. O, quién sabe, tal vez don Roger fue al país más grande del mundo no tanto a ver los partidos de futbol, sino más bien a revisar cuáles son las exitosas políticas sociales que aplica el zar Vladímir Putin para gozar el nivel de aceptación que tiene entre el electorado.

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La simbiosis entre la familia Herrera y el ayuntamiento de Gómez Palacio cada vez es más fuerte y las líneas divisorias cada vez más tenues. Ayer, la alcaldesa Leticia Herrera acudió con todo su equipo de Obras Públicas del Municipio a la colonia que lleva su nombre con la finalidad de inaugurar una capilla para la feligresía del sector. Usted se preguntará con justicia, laico lector, ¿por qué una representante de uno de los niveles de gobierno de esta República no confesional realiza una obra de carácter religioso? Pues bien, doña Lety dijo que como ella es católica, apostólica y romana está obligada a apoyar a la iglesia con este tipo de acciones, pero para que no hubiera broncas su familia directamente hace la aportación, por lo que el asunto, al menos en apariencia, queda como una donación de un particular. Pero resulta que, según los subagentes disfrazados de monaguillos, si bien la aportación fue económica, quienes ejecutaron la obra fueron trabajadores de la Dirección de Obras Públicas que encabeza Fernando Uribe. Es decir, sí hubo recursos -humanos- del ayuntamiento en esta piadosa obra. Por lo que surge la duda de si el apoyo es otorgado por doña Lety en calidad de alcaldesa o por su familia y ella misma en calidad de particular, o por una mezcla de ambas. Claro que no es un asunto menor, ya que hay que ver cómo terminan haciendo deducible ante Hacienda esta obra que en principio es privada, pero en donde hay también un despliegue de un ente de gobierno. En fin. Por cierto, en el acto, que se replicó en la colonia Ernesto Herrera, la alcaldesa lanzó una advertencia a los pobladores del sector. Les pidió encarecidamente que como la mayoría de ellos habían votado por Andrés Manuel López Obrador, no anduvieran en unos cuantos meses dando lata en la Presidencia Municipal por todas las promesas que el futuro presidente les incumpla. Pero también les dijo que si quieren que ella los siga ayudando como lo ha venido haciendo, de ellos depende, ya que el próximo año hay elecciones. Vaya cosas las que ocurren del otro lado del Nazas.

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En donde parece que la comunicación y la coordinación no funcionan del todo bien es en el ayuntamiento de Lerdo. Resulta que la alcaldesa María Luisa González Achem declaró muy contenta y con gran orgullo que al Municipio sólo le fueron observados 12,500 pesotes en la cuenta pública de 2017 en el rubro de Obras Públicas. Esto sin duda es bueno para el Municipio porque es una cantidad mínima comparada con el volumen de recursos que manejan y las irregularidades que suele haber. Pero el asunto es que todavía no aprueban las cuentas en el Congreso de Durango, ni siquiera en la Comisión de Hacienda, y tampoco están los informes publicados por parte de la entidad de Auditoría Superior del Estado de Durango. Cuentan los subagentes que en un extraño fenómeno, a doña María Luisa se le olvidó que ella había declarado esa cantidad y que, incluso, anduvo preguntado si alguien de su equipo había filtrado ese dato. Luego el tesorero Efraín Acosta le corrigió la plana y aseguró que no eran 12,500 sino poco más de 700,000 pesos de observaciones, lo de que todos modos es positivo porque es un presupuesto de 574 millones de pesos y regularmente las observaciones son arriba de 5 millones. Sin embargo, don Efraín también andaba preocupado por saber quién había “filtrado” la información incorrecta. El asunto escaló al grado de que funcionarios dentro de la administración comenzaron a echarse la culpa unos a otros sin saber que había sido la propia alcaldesa la que había dado la cifra que luego se corrigió.

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